Una red municipal de recarga no se juzga el día que se inaugura, sino tres años después: por cuántos puntos siguen funcionando. Nos ocupamos de la instalación y también de que sigan operativos.
Hay bastantes municipios en España con puntos de recarga instalados y fuera de servicio. No es un fallo de los equipos: es que el contrato terminaba en la instalación.
Un punto en vía pública está a la intemperie, expuesto a golpes y a vandalismo, y su conexión se cae como la de cualquier equipo conectado. Si nadie monitoriza, nadie se entera hasta que un vecino se queja. Y si el pliego no previó quién opera, quién cobra y quién repara, no hay a quién reclamar.
El resultado es peor que no haber instalado: infraestructura pública visible y no operativa, que es exactamente el mensaje contrario al que la inversión quería dar.
Dónde tiene sentido poner puntos según usos del suelo, red eléctrica disponible y demanda real, no solo dónde hay sitio.
Acceso y conexión con la distribuidora, legalización y coordinación con los servicios técnicos municipales.
Con la señalización, la accesibilidad y la protección que exige el uso público.
Tarifas, cobro al ciudadano, roaming y liquidación al ayuntamiento. Sin cargas administrativas para el consistorio.
Monitorización y SLA, con informe periódico de disponibilidad real por punto.
Los datos que exige la justificación de la subvención, en el formato que hace falta.
Un punto en parking municipal está protegido, tiene suministro cercano y control de acceso. Uno en vía pública está expuesto, muchas veces exige acometida propia y ocupa dominio público, con lo que eso implica en tramitación y en señalización.
Conviene no tratarlos como una sola partida del pliego: los costes, los plazos y los riesgos son distintos.
Es la recomendación más útil que podemos hacer a un técnico municipal. Un pliego que solo especifica equipos y potencia obtiene puntos instalados. Un pliego que especifica disponibilidad mínima comprometida, plazo de respuesta e informe periódico obtiene una red que funciona a los tres años.
La diferencia de coste entre los dos es pequeña. La diferencia de resultado es toda.
Una red municipal cerrada la usan los vecinos que se han dado de alta. Una interoperable la usa cualquiera que pase por el municipio con su aplicación habitual, incluido el turismo. Para una red pública, exigir interoperabilidad en el pliego es lo que separa una infraestructura usada de una testimonial.
Antes del pliego podemos aportar el estudio técnico previo: qué potencia hay disponible en cada ubicación candidata, qué es viable, con qué plazos y con qué inversión. Es información que ayuda a redactar un pliego realista, y que evita licitar algo que la red no admite.
Durante la licitación concurrimos con la solución completa: instalación, operación y mantenimiento con disponibilidad comprometida.
Y después, lo que importa: informe periódico de disponibilidad por punto, que es lo que permite al ayuntamiento demostrar que la inversión funciona.
Si el municipio tiene o va a tener zona de bajas emisiones, la infraestructura de recarga es parte de hacerla viable: restringir el acceso a los vehículos más contaminantes sin ofrecer dónde cargar los limpios deja la medida coja.
La instalación en vía pública requiere el título habilitante correspondiente y la coordinación con los servicios municipales. El título no suele ser una licencia sino una concesión demanial: un poste fijo en la calle es uso privativo del dominio público, y eso lo somete a los artículos 78 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. En la práctica se adjudica por licitación, con su pliego, su plazo y su canon, así que conviene plantearlo con esa antelación y no como un trámite de obra.
Registro de la instalación ante la comunidad autónoma.
Legalización por comunidad autónomaLas convocatorias del Plan MOVES han contemplado a las entidades locales como beneficiarias para infraestructura de acceso público. Conviene saber que ese programa ya no está abierto: el MOVES III dejó de admitir solicitudes el 31 de diciembre de 2025 y el Programa Auto+ que lo sustituye subvenciona solo la compra del vehículo, no la instalación. La única línea estatal que sí financia infraestructura, el MOVES Corredores de Recarga, va dirigida a operadores de recarga de acceso público junto a tramos de carretera y su primera ventanilla cerró el 10 de febrero de 2026. Para una instalación propia, hoy hay que mirar las convocatorias autonómicas, que ni abren a la vez ni cubren lo mismo.
Ayudas disponibles
En licitación pública, el estudio técnico previo puede entregarse antes de la redacción del pliego.
Visitamos la ubicación, medimos la potencia disponible en el suministro y definimos qué solución encaja. Sin compromiso.
Dimensionamos para lo que vas a necesitar dentro de cinco años, no para lo que necesitas hoy. Ampliar después cuesta más que preverlo ahora.
Memoria técnica o proyecto, legalización ante Industria y gestión con la distribuidora si hace falta ampliar potencia. Lo llevamos nosotros.
Obra, montaje y pruebas de carga reales con vehículo.
Configuración de tarifas y permisos de acceso, alta en la plataforma de gestión y entrega de la documentación completa. A partir de aquí la red está operativa y monitorizada.
El día de la puesta en marcha todo funciona. El problema aparece después: se cae la conexión, un usuario fuerza el conector, el firmware se queda atrás, cambia la tarifa eléctrica y nadie ajusta los precios.
Por eso monitorizamos cada punto que instalamos y respondemos ante cualquier incidencia sin esperar a que nos llames.
Podemos aportar el estudio técnico previo: potencia disponible en cada ubicación candidata, viabilidad, plazos e inversión estimada. Es información objetiva que ayuda a redactar un pliego realista. La redacción del pliego corresponde al órgano de contratación.
Disponibilidad mínima comprometida por punto, plazo máximo de respuesta ante incidencia, informe periódico de disponibilidad e interoperabilidad con otras plataformas. Sin esos cuatro puntos, el contrato garantiza puntos instalados pero no una red que funcione.
La recarga se cobra a través de la plataforma en el momento de la sesión, con el precio visible antes de empezar, y el ayuntamiento recibe la liquidación con el desglose. No hay gestión de cobro para el consistorio.
Se puede asumir una red existente. Empezamos con una auditoría del estado: inventario, versiones de firmware, comunicación, protecciones y conectores. Con ese informe se sabe qué hay que reparar antes de poder comprometer una disponibilidad.
Sí, y suelen ser dos proyectos que conviene plantear juntos: la flota carga en dependencias municipales por la noche y los puntos de vía pública dan servicio al ciudadano de día. La misma infraestructura de gestión cubre los dos.
Estudio técnico sin coste, también para redes ya instaladas. Os decimos qué hay, en qué estado está y qué haría falta para comprometer una disponibilidad real.